La reforma constitucional de Santa Fe delegó en el Congreso de la Nación una tarea que nunca realizó, como en  el caso de la ley de coparticipación federal. Una reforma que cambió la geografía electoral y sus resultados y que dejó a expensas de los supra poderes económicos extranjeros las riquezas del subsuelo del país, hoy en manos de las provincias en desmedro de la Nación. Una reforma para reformar en un tiempo incierto.

Por Armando Vidal

Hace veinte años se aprobó en el Paraninfo de la Universidad del Litoral –ámbito de los debates iniciados el 25 de mayo en Paraná,- la reforma constitucional que abrió paso a la reelección de Carlos Menem. Una obra que dio mucho más que hablar por el modo en que había nacido que por sus resultados.

La reforma fue fruto de una extorsión de un peronismo triunfal y sostenido en el Gobierno por la profunda transformación neoliberal que venía desarrollando con el apoyo de los Kirchner en Santa Cruz y dea Clarín y La Nación en Buenos Aires, para hablar de contendientes de estos tiempos.

Esa extorsión fue contra un partido centenario, deprimido y confundido, y de ese partido, especialmente contra un hombre derrotado y aun así querido: Raúl Alfonsín.

En el Congreso de la Nación, los radicales resistieron en ambas Cámaras a colaborar con la obtención de los dos tercios con que debía ser votada la ley que declaraba la necesidad de la reforma.

Ese proceso comenzó después de la sanción de la ley que privatizaba parte del sistema previsional, una de las máximas ambiciones del ministro de Economía, Domingo Cavallo, a la que también se opusieron los radicales.

Con apoyo de los legisladores de Santa Cruz en ambas Cámaras, ya se habían liquidado Gas del Estado e YPF.

Un proceso promovido y amparado por los organismos financieros internacionales  desde el llamado Consenso de Washington, a partir de 1989.

Ese mismo año, tras lograr la declinación del poder por parte de Alfonsín, al traspasar el gobierno seis meses antes, Menem logró la ley de reforma del Estado, la de emergencia económica y, en abril del año siguiente, la ampliación de miembros de la Corte Suprema de Justicia para alinearla con  su política de privatizaciones.

Este era el marco central en el que se instalaba la ambición de Menem de sucederse a sí mismo.

La presión para sacar la ley fue tanta que rompió la resistencia de Alfonsín, convencido a esa altura de que el menemismo era capaz de votar otra ley que dijera que para lograr la tan requerida sólo se necesitaban los dos tercios de los presentes, no del total de miembros de cada Cámara.

El ucedeísta Francisco Durañona y Vedia, afín al oficialismo, ya había presentado un proyecto de su autoría en ese sentido.

Cedió Alfonsín y se logró en rápido trámite el llamado Pacto de Olivos, previas concidencias operativas entre un personaje en las sombras como el ex ministro radical  Enrique Nosiglia y otro de moral bien conocida como el sindicalista menemista Luis Barrionuevo.

Fue un acuerdo que tomó el nombre de Núcleo de Coincidencias que debía votarse in totum en la convención. Uno de esos puntos era la reelección; los otros, propuestas radicales para modernizar el sistema como la creación de la jefatura de Gabinete y el Consejo de la Magistratura, además del tercer senador, etc.

Ese fue el origen de la reforma.

¿Por qué cedió Alfonsín?

Porque como explicó al autor de estas líneas y Clarín publicó en apenas un recuadro, el menemismo iba a sacar la reforma a como diera lugar, lo que iba a llevar al radicalismo a la abstención electoral, tras lo cual se avecinaba, temía, la repetición del ´55, tomando en cuenta la extrema tensión que quedaría planteada entre dos fuerzas populares. Palabras de Alfonsín, en el acto de presentación a cargo de quien escribe en el Círculo de Periodistas de Quilmes de su libro Democracia y consenso.

* Cambios para mal

La reforma introdujo dos cambios medulares cuyas consecuencias están a la vista dos décadas después.

Podría decirse que frente a esos dos cambios, todos los demás no tienen ninguna importancia, incluyendo la concesión del status de ciudad autónoma de Buenos Aires, un híbrido porque no es provincia ni deja de ser Capital Federal.

Uno de esos cambios fue la creación del distrito único y votación directa para la elección presidencial –que terminó con el retrógrado régimen de los representantes, tal cual funcionó hasta 1989- con lo cual quedó consagrado el poder político del Gran Buenos Aires en desmedro del interior del país.

La votación sigo siendo igual en todos los distritos del país pero al transformarse en único para la elección presidencial el ganador, se sabe, será siempre el que imponga el conurbano bonaerense.

El sistema de representantes atenuaba el poder de la provincia de Buenos Aires porque la proporción era equivalente a la de los diputados y si bien era la más numerosa no resultaba tan decisoria como con el sistema actual.

Vale añadir para las generaciones jóvenes que los representantes llegaban al Congreso como lugar de sus deliberaciones para elegir la fórmula presidencial en el llamado Colegio Electoral.

El número de los representantes surgía del resultado en la elección.

En 1983, por ejemplo, los representantes que provenían de la boleta Raúl Alfonsín-Victor Martínez iban a votar por ellos en la convocatoria especial que los reunió en el recinto de la Cámara de Diputados días antes de la asunción presidencial. Una reunión de rápìdo trámite.

Hoy, ese papel concedido a los intendentes del conurbano  ha instalado a varios en el gran escenario. Desmesura en ascenso desde el año pasado con el triunfo en las parlamentarias de Sergio Massa, ex intendente de Tigre, ucedeísta de origen y, con los Kirchner en el gobierno, titular de la Anses y jefe después de Gabinete. Transformado en diputado, Massa está al frente de un movimiento propio y es precandidato a presidente de la Nación.

El otro cambio fue más grave todavía: la consagración de que las riquezas del subsuelo del territorio nacional pertenecen a las provincias que tengan la suerte de poseerla.

La Constitución de 1949, en el primer gobierno de Juan D. Perón, surgida del ideario del especialista Arturo Sampay, decía que esos recursos eran de la Nación (Art. 40).

Hoy el enorme potencial del yacimiento de Vaca Muerta en Neuquén está al alcance de las grandes succionadoras internacionales del petróleo, capaces de persuadir a cualquier poder que se interponga con muchísima mayor facilidad que si se debiera hacerlo con el Congreso de la Nación.

Un ejemplo es el que concierne al ahora diputado nacional opositor Mario Das Neves y antes ultrakirchnerista, cuando alejado del gobierno K, siendo gobernador de Chubut, extendió por treinta años a la British Petroleum Company la explotación de Cerro Dragón, el yacimiento más grande de esa provincia. Sólo se requirió de una ley provincial, votada con entusiasmo.

Un asunto que se acrecentó en el 2010 y que tiene una causa abierta en la justicia por la diputada Elisa Carrió, la estrella de aquella convención constituyente y la única vigente hoy en las grandes carteleras, aunque un tanto confundida y desorientada.

Veinte años de la reforma son parte de lo que ha sido dado vuelta como un bolsillo al punto que hoy Cristina Kirchner es víctima de lo que ella votó como constituyente en Santa Fe.

Paradojas argentinas.