Descubierto para la política por Elisa Carrió, luego por decisión propia transformado en massista y ahora miembro del gobierno de Mauricio Macri, el autor anticipa aquí las intenciones que impulsan un nuevo mecanismo electoral a modo de celebración de la ley Sáenz Peña, de 1912.

Por Adrián Pérez  (*)

Se necesita limitar las ventajas electorales que obtienen los partidos de Gobierno En las últimas tres décadas los argentinos hemos logrado un éxito sin precedentes en nuestra historia: hemos consolidado la democracia como único régimen político posible. Una democracia que ha posibilitado también la alternancia, pero que todos sabemos debe ser continuamente mejorada y perfeccionada.

Ese perfeccionamiento incluye cuestiones educativas, sociales, económicas y culturales y también las reglas del juego. Porque los últimos procesos electorales han puesto en evidencia problemas importantes que arrastra nuestro sistema electoral.

En primer lugar, Argentina ha quedado como uno de los únicos países del mundo que continúa utilizando las boletas partidarias, que cada partido debe confeccionar para luego velar por su presencia en el cuarto oscuro a través de los fiscales.

El cambio hacia un mecanismo por el cual toda la oferta electoral está garantizada en un mismo instrumento confeccionado y distribuido por el estado, sea la boleta única o el voto electrónico, o su combinación en una boleta única electrónica, goza ya de un consenso casi uná- nime. Diversos distritos del país han avanzado en este cambio con mucho éxito.

En el mismo sentido, Argentina es el único país de América Latina en el que el Poder Ejecutivo goza de amplias facultades en la organización del proceso electoral, facultades que incluyen cuestiones tan sensibles como la distribución del dinero a los parti- dos o la supervisión del escrutinio provisorio el día de la elección.

El traspaso de estas facultades a un organismo profesionalizado y autónomo del poder político se impone como requisito esencial para fortalecer la legitimidad de las elecciones.

A su vez, se necesita limitar las ventajas electorales que los partidos de gobierno obtienen por su manejo de los recursos públicos. El último ciclo político llevó esta práctica hasta el grotesco, con la propaganda permanente a través de la publicidad oficial, profusión de cadenas nacionales y los anuncios oficiales en pleno período de campaña.

Regular este campo constituye una prioridad para cualquier reforma que apunte a fortalecer la equidad en la competencia. El trabajo hacia una reforma que garantice mayor equidad y transparencia se encuentra ya en marcha.

La convicción que orienta esta propuesta es la de que la profundización de la democracia a través de la búsqueda de consensos redundará en beneficio para todos.

A 100 años de las primeras elecciones nacionales bajo la Ley Sáenz Peña, una reforma que mejore y transparente el voto secreto y universal es el mejor homenaje que podemos hacerle.

(*) Secretario de Asuntos Políticos e Institucionales de la Nación

Nota: El voto en la ley Sáenz Peña no es sólo secreto y universal, también es obligatorio, condición que más irrita a la oligarquía argentina. 

Título: Una reforma electoral para una democracia mejor

Fuente: Clarín, 22/1/16.