Dieciséis de junio de 1955. Setenta años del bombardeo militar a Plaza de Mayo e inmediaciones. Vano intento de exterminar a Juan D. Perón y mucho más que varios centenares de muertos -incluyendo niños-  para que luego huyan al Uruguay los criminales que incluso volaron el techo de la Casa Rosada y el quinto y último piso del edificio de la Policía Federal en la calle Belgrano de la ciudad de Buenos Aires. Volvieron a los tres meses  cuando ya estaba la Revolución Libertadora y Perón se refugiaba en Paraguay. Setenta años, ningún acto de justicia hasta hoy. 

Por Derechos Humanos de la Nación (*)

Las bombas en Plaza de Mayo advirtieron urbe et orbi que los enemigos del peronismo estaban dispuestos a todo con tal de acabar con la experiencia de desarrollo autocentrado e inclusión social en curso. Los comentarios que posteriormente expresará la prensa opositora evidencian ese odio de clase. En el Uruguay, donde los pilotos represores se refugiaron luego del bombardeo, los diarios cantarán loas a los “heroicos” luchadores por la democracia.

En la Argentina, los ideólogos civiles y militares de la masacre intentaron deslindar cualquier responsabilidad, echándole todas las culpas al propio Perón. Y si alguna vez lamentaron tantas muertes, las consideraron “trágicamente” necesarias e inevitables.

Si acaso las evaluaciones no resultaban demasiado creíbles, una pátina de espiritualidad bañará a los conspiradores, quienes llevaban en sus aviones, pintado a mano, el signo de “Cristo Vence”, que —al no ser motivo de escandalizado rechazo— ratificó la complicidad de las jerarquías eclesiásticas con la matanza.

El bombardeo a la ciudad abierta de Buenos Aires por parte de fuerzas armadas por el Estado para la defensa ante eventuales agresiones extranjeras, si bien registra cruentos antecedentes lejanos y otros cercanos —como la “chirinada” de agosto de 1951 y los atentados terroristas de abril de 1953— inició una ola de violencia que tuvo una nueva muestra apenas tres meses después, con el también cruento derrocamiento de Perón, y sobre todo nueve meses más tarde, a casi un año del bombardeo, cuando los dictadores ordenaron fusilar a los partícipes activos y pasivos de una rebelión tan anunciada como incruenta, incluyendo a su jefe, el general Juan José Valle, quien se les entregó mansamente con la esperanza de que con su sacrificio cesara la masacre 2.

Ola de violencia que recorrió diecisiete años de proscripción de la fuerza política mayoritaria y desembocó en el planificado exterminio llevado a cabo en los años 70.

Junto a la circunstancia de que no pocos personajes que participaron en los hechos del 16 de junio de 1955 tendrían, a partir de 1976, un rol destacado en la última dictadura, se advierte, además, un componente de carácter sucesorio entre los golpistas de uno y otro año: la impunidad de la que gozaron quienes bombardearon la Plaza de Mayo alentaría la escalada criminal desatada, luego de veintiún años, mediante la utilización sistematizada del secuestro, la tortura y el asesinato de miles de personas.

A este proceso ayudó paradójicamente el silencio impuesto desde un primer momento por el propio Perón en aras de un frustrado intento de reconciliación, y alcanzó su clímax a comienzos de los 90, cuando fueron borradas casi todas las profundas huellas físicas que habían dejado los bombardeos y ametrallamientos y se intentó una imposible reconciliación sin verdad ni justicia, sin siquiera la identificación fehaciente de las víctimas.

Como si fuera posible reconciliarse con quienes jamás han pedido perdón y perdonar lo que se ignora.

Pero el estallido de la Argentina a fines de 2001 sentó las bases de un revisionismo histórico sobre este tema tan silenciado (...). Fuentes orales señalan que al encabezar las fuerzas que recuperaron el control gubernamental sobre
el Ministerio de Marina el 16 de junio, Valle —que había sido compañero de promoción en el Colegio Militar del dictador Aramburu— les había reprochado a los marinos golpistas que, so pretexto de querer matar a Perón, hubieran cometido semejante masacre por falta de valor para cometer el magnicidio por mano propia en alguna de las reuniones de rutina entre el Presidente y los altos mandos del arma.

Uno de los primeros problemas con que se topó este saludable revisionismo histórico fue el de cuantificar las víctimas mortales, de las que en agosto de 1955 el presidente Perón dijo que habían sido aproximadamente doscientas, número que el jefe de los aviadores navales que iniciaron el bombardeo redujo a dieciséis, y que Jorge Antonio llevó a “entre 2.800 y 3.000”.

Esta investigación permitió determinar que el cálculo hecho por el autor del primero de los tres aludidos libros históricos, Gonzalo Cháves, de que los muertos fueron alrededor de trescientos, resultó correcto.

Con todo, lo más importante, tal como destacó el propio Cháves, es subrayar su condición de personas, arrancarlos del ol-
vido: “Rescatar la identidad de las víctimas es el primer paso en el camino hacia la justicia. Esos cuerpos transformados en un frío número es necesario sustraerlos del anonimato y reconocerlos como ciudadanos con nombre y apellido, con una ocupación, una familia, una identidad política, social y religiosa. Se trata de evitar que esas personas, eliminadas materialmente, también sean borradas simbólicamente”.

Fue el día más sangriento de la historia argentina contemporánea: el destello mortal de una crisis política y económica que estallaba descarnadamente, pero que se incubaba desde lejos, por lo menos en sus aristas más trágicas desde abril de 1955. Perón había decidido, a pesar de la crisis económica, mantener a raja tabla el porcentaje más alto de distribución del ingreso en toda la historia latinoamericana: hacia mediados de 1955, la participación de los trabajadores en el PBI era cercana al 53 por ciento.

Pero en el Estado circulaba una pertinaz corrupción, un poder cada vez mayor de la CGT que presionaba sobre los empresarios y el Estado, una persecución fiera a la oposición. En el frente militar, Perón lograba hacia abril de 1955 mantener la hegemonía, no sin fracturas en Ejército y Aeronáutica pero el 90 por ciento de la Marina era católica y antiperonista.

La preparación del golpe cívico-militar se puso en marcha ese abril por el creciente enfrentamiento de Perón con la Iglesia. Las razones de fondo eran económicas, pero las de superficie fueron políticas: Perón era un tirano y no era posible derrocarlo en las urnas.

El 14 de abril se suspendió en todas las escuelas la enseñanza obligatoria de religión y moral. El 20 de mayo se suprimió por ley la exención de impuestos a los templos y organizaciones religiosas y se llamó a una Constituyente para separar a la Iglesia del Estado. Los católicos de todo el país se pusieron en pie de guerra. Y los militares y civiles opositores, también.

Del expediente 26.237/55, causa "Aníbal Olivieri y otros sobre rebelión militar" archivada en el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a la que Clarín tuvo acceso— 33 cuerpos y unas 6000 fojas— se desprende la siguiente historia.

La conspiración que terminará con los bombardeos en Plaza de Mayo comenzó a principios de 1955, pero recrudeció en abril de ese año. El capitán de Aeronáutica Julio César Cáceres en su testimonio (fojas 842) admitirá que el capitán de Fragata Francisco Manrique era el encargado de reclutar para la rebelión entre los marinos. Que se reunían en una quinta en Bella Vista, propiedad de un tal Laramuglia, no sólo Manrique, sino también Antonio Rivolta del Estado Mayor General Naval; el contraalmirante Samuel Toranzo Calderón, jefe del Estado Mayor de la Infantería de Marina y los jefes de la aviación naval en la base de Punta Indio, los capitanes de fragata Néstor Noriega y Jorge Bassi, así como el jefe del Batallón de Infantería de Marina B4 de Dársena Norte, capitán de navío Juan Carlos Argerich.

El jefe de los marinos sería Toranzo Calderón. Los civiles, por su parte, sabían que sin contacto con el Ejército cualquier sublevación fracasaría. Uno de los líderes del nacionalismo católico, Luis María de Pablo Pardo, un hombre pequeño y miope, según las crónicas del momento, fue el enlace de Calderón con el comandante del III Cuerpo con sede en Paraná, el general León Bengoa, que está "con el movimiento". Pardo también hace de enlace con los capitanes de la Base de Morón de la Fuerza Aérea y el comandante de Aviación Agustín de la Vega.

Según la causa, al tanto de la rebelión estaban el ministro de Marina, contraalmirante Aníbal Olivieri, el vicealmirante Benjamín Gargiulo, y los tenientes primero de navío Emilio Eduardo Massera, secretario de Olivieri, y sus ayudantes Horacio Mayorga y Oscar Antonio Montes, entre otros. También, los generales Pedro Eugenio Aramburu y Bengoa.

Desde los civiles, con Pardo conspiraban en un mismo bando radicales como Miguel Angel Zabala Ortiz, conservadores que respondían a Adolfo Vicchi, y socialistas de Américo Ghioldi, entre otros. ¿Cuál era el plan de la sublevación si lograban matar a Perón y alzarse con el poder?

Según el testimonio del aviador Cáceres: "Se planeaba armar una junta de gobierno en manos militares, con ministros civiles como Vicchi y Ghioldi y Zabala Ortiz. Y que luego de consolidado el país se llamaría a elecciones". Un plan que se repetiría en cada golpe militar del siglo.

Mientras esto ocurría en las sombras, en esa semana de abril de 1955, el gobierno propuso pasar el día de la Bandera al 18 de octubre. Fue, para los nacionalistas, un nuevo agravio. El momento de acelerar el golpe ocurrió luego de la manifestación de Corpus Christi que puso en la calle a unos 200 mil católicos opositores al gobierno.

La manifestación fue prohibida por el ministro del Interior Angel Borlenghi. Esto enfureció más a los católicos. El gobierno detectó la conspiración esa semana. Creyó ver en dos religiosos como monseñor Manuel Tato y Ramón Novoa los vínculos entre militares y civiles golpistas, que a esas alturas eran muy numerosos.

Borlenghi decidió su arresto y expulsión a Roma. Los líderes de la rebelión supieron que el 16 serían detenidos igualmente. Deciden, entonces, que bajo el pretexto de un "desagravio a la bandera" una flota de aviones sobrevuele la Catedral metropolitana. Era la señal para el ataque contra Plaza de Mayo. Toranzo da la orden sin saber que llegaba una comunicación de Roma: Perón había sido excomulgado por el Vaticano.

Las crónicas abundan en detalles de aquel ataque sangriento que comienza con la descarga de dos bombas por parte de Noriega a las 12.40 y se sucede en tres oleadas hasta las 17.45. Muchos aviones llevaban inscripta esta sigla: "Cristo Vence". Perón era, a esa altura, el anticristo.

Pero el movimiento fracasó: Perón logró fugar a los subsuelos del edificio sede del Ejército, hoy Libertador, reunido con los ministros de Guerra, Flanklin Lucero, el almirante fiel Ramón Brunet, el jefe de la Aeronáutica, brigadier Juan Ignacio San Martín y el general Arnaudo Sosa Molina y Juan José Valle, que negociaron la rendición de los marinos atrincherados en el Ministerio de Marina, luego de numerosos tiroteos, de la avalancha de camiones de la CGT con obreros armados con palos y cuchillos, de la columna de motorizados que acompañó el asalto final al edificio de la Marina.

Unos 90 aviadores— entre los cuales estaba el teniente de navío Carlos Alberto Massera, hermano de Eduardo Emilio— y Zabala Ortiz parten a Uruguay, donde son asilados por el gobierno de Luis Batlle. El ministro de Marina Olivieri, Toranzo Calderón y Gargiulo se habían entregado a los generales Sosa Molina y a Valle. Sosa Molina, en fojas 417 a 436, cuenta la rendición de los sublevados al tribunal:

"—Sosa Molina (a Olivieri): Traigo un mensaje del señor Presidente. No desea más derramamiento de sangre. La causa, está perdida. Todo el país permanece leal al Presidente.

—Toranzo Calderón: No es verdad. Esto es solamente el comienzo. En el resto del país hay fuerzas comprometidas, como Bengoa."

Sosa Molina pidió que suspendieran los bombardeos. Toranzo dijo que eso no dependía de él. Pero se reunieron con Olivieri y Gargiulo para ver las condiciones de la rendición. Exigieron la renuncia de Borlenghi y que la "turba", como definieron, se fuera a su casa. Perón cumplirá con el pedido. Pero esa misma noche —mientras se saqueaban e incendiaban iglesias (ver La quema...)— Perón hizo un discurso pacificador, pero firmó el decreto 9407: el Consejo Supremo de las Fuezas Armadas, presidido por el general de división Juan Eriberto Molinuevo debía juzgar y procesar a 150 militares.

A las 23 del 16 de junio se reunió el Consejo Supremo. El tribunal comenzó a sesionar el 17. Olivieri nombró al vicealmirante Isaac Rojas como defensor. Toranzo Calderón, al contraalmirante Teodoro Hartung. Ese mismo día fueron indagados Eduardo Massera, Mayorga y Montes (fojas 142 a 174). Al día siguiente, Toranzo Calderón y Olivieri. Entre los testimonios más significativos se encuentran también los de los leales Brunet, Sosa Molina y Valle.

El testimonio de Massera, un oficial de 29 años, revela quizá mejor que ninguno la mendacidad de los conjurados. Massera se transformó en la pieza clave de enlace con la ESMA, para el asalto de la infantería de marina de Dársena Norte a cargo de Argerich sobre la Casa de Gobierno. El tribunal no le creerá una palabra. (Ver Teniente Cero).

El testimonio de Toranzo Calderón fue del mismo tono (fojas 339 a 357). Admitió sin embargo su responsabilidad parcialmente. "Pensé que estaba defendiendo la libertad de mi patria donde había muchos comprometidos", dijo. Pero se negó a dar nombres. Y culpó del bombardeo a Plaza de Mayo a Gargiulo.

Pero Gargiulo ya estaba muerto, como le informó Rojas a Calderón en medio del interrogatorio, para que culpara a un muerto. El jefe del EMGM se había suicidado esa madrugada en su oficina del edificio Libertador, donde permanecía detenido e incomunicado como los otros jefes de la rebelión.

La declaración de Olivieri es, tal vez, la más profunda y comprometida porque expresa la mentalidad de la rebelión. Explicó por qué había dejado de ser peronista: "Me hice peronista cuando creí ver que ese movimiento se construía sobre las bases de Dios, Patria y Hogar pero se desvirtuó".

Luego dijo: "Mi lealtad al presidente fue superada por un estado de ánimo de lealtad a mi patria, a mi bandera, a mi Dios".

* El otro golpe

En agosto fueron condenados a destitución e inhabilitación y prisión los cabecillas de la rebelión. Ningún civil fue condenado. El golpe contra Perón en setiembre de 1955 modificó esos destinos. Rojas, desde la Flota de Mar amenazó con bombardear el puerto de Buenos Aires si Perón no renunciaba. La Revolución Libertadora dio a Hartung el cargo de Ministro de Marina hasta 1958.

Aramburu fue el presidente desde noviembre de 1955. Toranzo Calderón, embajador en España; Olivieri, ante la ONU. Vicchi, embajador en EE.UU; Montes fue Canciller de Videla, en 1976 y Massera, su jefe.

El bombardeo a Plaza de Mayo, ahora lo sabemos, inauguró las décadas más violentas de la historia argentina.

Notas:  Saccomano, Guillermo, El amor argentino. Planeta, Buenos Aires, 2004 y entrevista con Daniel Cichero, autor de Bombas sobre Buenos Aires. Gestación y desarrollo

* DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS

 Ley 26.564.Beneficios establecidos por las Leyes Nº 24.043 y Nº 24.411. Beneficiarios. Sancionada: Noviembre 25 de 2009. 

Promulgada: Diciembre 15 de 2009. 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

ARTICULO 1º — Inclúyase en los beneficios establecidos por las leyes 24.043 y 24.411, sus ampliatorias y complementarias a aquellas personas que, entre el 16 de junio de 1955 y el 9 de diciembre de 1983, hayan estado detenidas, hayan sido víctimas de desaparición forzada, o hayan sido muertas en alguna de las condiciones y circunstancias establecidas en las mismas. 

ARTICULO 2º — Inclúyase en los beneficios indicados en el artículo anterior, a las víctimas del accionar de los rebeldes en los acontecimientos de los levantamientos del 16 de junio de 1955 y del 16 de septiembre de 1955, sea que los actos fueran realizados por integrantes de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales, o por grupos paramilitares o civiles incorporados de hecho a alguna de las fuerzas. 

ARTICULO 3º — Inclúyase con los beneficios indicados en el artículo anterior, a los militares en actividad que por no aceptar incorporarse a la rebelión contra el gobierno constitucional fueron víctimas de difamación, marginación y/o baja de la fuerza. 

ARTICULO 4º — Inclúyase en los beneficios indicados en el artículo 1º, a quienes hubieran estado en dicho período, detenidos, procesados, condenados y/o a disposición de la Justicia o por los Consejos de Guerra, conforme lo establecido por el Decreto 4161/55, o el Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado), y/o las Leyes 20.840, 21.322, 21.323, 21.325, 21.264, 21.463, 21.459 y 21.886. 

ARTICULO 5º — Inclúyase en los beneficios indicados en el artículo 1º, a quienes hubieran sido detenidos por razones políticas a disposición de juzgados federales o provinciales y/o sometidos a regímenes de detención previstos por cualquier normativa que conforme a lo establecido por la doctrina y los tratados internacionales, pueda ser definida como detención de carácter político. 

ARTICULO 6º — En caso de fallecimiento de las personas detenidas, desaparecidas o muertas, percibirán los beneficios sus causahabientes en los términos de las Leyes 24.411 y 24.823. 

ARTICULO 7º — Será autoridad de aplicación de la presente ley, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. 

ARTICULO 8º — La solicitud de beneficio se hará por ante la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, dentro de los CINCO (5) años de entrada en vigencia de la presente ley. 

ARTICULO 9º — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso de la Nación  a los venticinco días del mes de noviembre de 2009. Registrada bajo el Nº 26.564. Julio C. C, Cobos, Eduardo Al Fellner, Enrique Hidalgo, Juan H. Estrada.